LA GLORIETA

Comparte esta noticia

“Bienintencionados”. Sin dejar de lado las buenas intenciones de diputados y funcionarios priistas y expriistas, los reclamos hacia el Gobierno federal de parte de estos pudieran malinterpretarse. Desde el mismo Sergio Torres Félix, expriista convertido ahora en precandidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, y luego Maribel Chollet Morán, precandidata a la diputación local por el XXIII, en su paso por la Secretaría de Pesca y Acuacultura se han quejado de la falta de apoyos de la federación hacia el sector pesquero, algo que, argumentaron, asumió el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Llegó Evelio Plata Inzunza a ocupar el cargo que dejó Chollet Morán, y su discurso va casi en el mismo sentido. Y, desde su curul, la diputada local Gloria Himelda Félix Niebla lamentó la negativa de la Administración de Andrés Manuel López Obrador a apoyar a los pescadores con el programa de Empleo Temporal que, dijo, cumple una función social, económica y productiva, “tan importante durante los periodos de veda que exige la actividad pesquera”. A esta lista de “bienintencionados” se sumó Sergio Jacobo Gutiérrez, también legislador, para recordarle a López Obrador que no ha cumplido su promesa de campaña de reducir las tarifas eléctricas y los precios del gas y la gasolina. El secretario de Agricultura y Ganadería, Manuel Tarriba, no se quedó atrás y solicitó al Gobierno que ejerza su facultad de regular los mercados interiores para favorecer a los productores limitando las importaciones de frijol de Estados Unidos.

Inconformes. La secretaria de la sección 44 del Sindicato de Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Arcelia Prado Estrada, señaló la falta de pago del famoso bono COVID-19, que fue prometido a los trabajadores de este sector que están en primera línea de combate contra esta enfermedad, lo que ha provocado inconformidad, pues no a todos les ha llegado. De acuerdo con la queja, las pocas compensaciones que han llegado no corresponden a la cantidad prometida por parte de la Secretaría de Salud, a cargo de Efrén Encines Torres, que era desde 2 mil hasta 6 mil pesos. Esta inconformidad se suma a otras tantas que tienen que ver con el presunto favoritismo en la aplicación de la vacuna anticovid en hospitales y clínicas del sistema estatal.

No basta. En verdad que los trabajadores del servicio de transporte público la están pasando mal. Según cifras de la Alianza de Autotransportes de Sinaloa, afiliada a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), más de 100 operadores de estas unidades han perdido la vida a causa del COVID-19 durante este tiempo que lleva la pandemia, de los cuales, unos 30 son de Culiacán. Por eso, el llamado del presidente de este organismo, Miguel Loaiza Pérez, es tanto a usuarios como a choferes a seguir con las medidas preventivas. En el caso de los concesionarios, es decir, de los dueños de los camiones, dijo que ni siquiera han logrado pagar las mensualidades de estas unidades, por eso el llamado que hace el gobernador Quirino Ordaz Coppel a las instituciones financieras a que se “sensibilicen” con estos deudores no basta. Hace falta mayor apoyo a este sector.

Amnistía. Sinaloa se suma a algunos estados del país, como el Estado de México, Toluca y Puebla, al aprobar la expedición de la Ley de Amnistía del Estado de Sinaloa, la cual, según se argumenta, beneficiará a los presos que cumplen sentencias por delitos menores, siempre y cuando los hayan realizado en condiciones de “extrema pobreza y sin fines de lucro”. Habrá que ver si con estas condicionantes las víctimas de robo simple y sin violencia, por ejemplo, estén de acuerdo. Seguramente esta nueva legislación generará controversias en los siguientes días.


Comparte esta noticia
Scroll to Top