Lo estatal sí importa

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Por algo más de dos años y medio, el diálogo público ha estado dominado por una conversación desde la esfera nacional sobre el rumbo que el país debe tomar. Debate que busca satisfacer las expectativas sociales, las cuales expresan entre sus prioridades un claro hartazgo de la desigualdad económica y de oportunidades imperante, a pesar de los avances sustantivos que trajo el creciente dinamismo democrático de las últimas dos décadas.

Este dominio, que parte del resultado de las elecciones en 2018, es producto de tres condiciones elementales: primero, una victoria en las urnas que le dio al Movimiento Regeneración Nacional la Presidencia de la República, la mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión, así como cinco de nueve gubernaturas que estuvieron en juego ese año. Instancias institucionales cuya comunicación tiene, hasta ahora, el vaso comunicante de capitalizar el respaldo popular del presidente López Obrador.

Segundo, el drástico cambio de criterios de políticas públicas ejercido por este partido, que encuentra la lógica de su existencia en un movimiento de orden nacional, más que en una construcción de representatividad democrática desde lo local. Por eso es el centro, quien, a partir de un ejercicio de encuestas, selecciona a los candidatos estatales y no el voto libre de sus militantes. Tercero, una crisis en el sistema de partidos nacionales que obstaculiza un posicionamiento efectivo, frente al altavoz que cada mañana representa el ejercicio de las conferencias de prensa ofrecidas desde Palacio Nacional.

Sin embargo, 2021 abre la oportunidad de enriquecer el debate público de la pluralidad política, a partir de la discusión de la calidad del trabajo realizado por los gobernadores en beneficio de los municipios y comunidades que integran sus entidades federativas. Esto porque, en la elección más grande de la historia, se definirán en la boleta el futuro de 15 gubernaturas, 30 congresos locales y 1,900 ayuntamientos, al margen de una nueva composición al interior de la Cámara de Diputados.

Y es que los gobiernos estatales también hacen la diferencia en la mejora de la calidad de vida de los hogares. Así lo demuestra el análisis realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) a 600 programas y acciones gubernamentales. Estudio con el que este organismo buscó identificar las variantes de respuesta de política pública de los estados, a las principales necesidades sociales y económicas motivadas por la pandemia de covid-19.

En el análisis destaca, por ejemplo, el trabajo realizado por el gobierno de Tamaulipas, al que ubica en el primer lugar nacional, al registrar, en términos generales, el mayor número de acciones para mitigar los impactos de la contingencia; 25% de las cuales son de nueva creación, lo cual muestra la voluntad de la autoridad estatal de acercar apoyos significativos de manera proactiva, conforme a las particularidades de la evolución de la pandemia en la entidad.

Son las conclusiones del análisis de políticas públicas específicas las que dan cuenta de la aproximación integral al covid-19 que ha desarrollado Tamaulipas. Como botón de muestra expongo aquí las acciones en materia de salud, las cuales, entre otras conductas, abordan una de las principales preocupaciones de la ciudadanía que es la atención a mujeres, niños y adolescentes víctimas de violencia; en materia de alimentación, destaca por la mayor cantidad de despensas y raciones de alimentos distribuidos; así como en la vertiente educativa destaca la creación de recursos electrónicos e impresos en apoyo a docentes, alumnos y padres de familia.

En cada uno de los tres rubros antes citados, Tamaulipas tiene el primer lugar, en contraste con otras entidades que, incluso, muestran desempeños muy menores de apoyo a la población en estos tiempos difíciles. Por eso, la pandemia y las circunstancias políticas ofrecen las oportunidades para que lo estatal vuelva a ser relevante en la discusión pública.

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