Se declarará Rosario Robles culpable: defensa formaliza petición ante la FGR

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Ciudad de México.- El día de hoy la defensa de Rosario Robles, quien desde el 2015 al 2018 fuera la titular de la Sedatu, concretó de forma formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) la solicitud para, de una vez por todas, concluir el juicio al que actualmente se enfrenta al verse involucrada en la “Estafa Maestra”, acontecimiento por el que se le acusa de ejercicio ilícito del servicio público, a través de un procedimiento abreviado.

Desde el pasado miércoles 10 de febrero había trascendido en los medios nacionales que Robles Berlanga había ofrecido declararse culpable de los casos que se le imputan para, de ese modo, poder llegar a un acuerdo con la FGR buscando sacar el mayor provecho de este en la medida que le fuera posible, posibilidad que se venía materializando desde la primer semana del mes de febrero.

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A Rosario Robles se le acusa de ejercicio ilícito del servicio público en caso “Estafa Maestra”/ Fuente: Cuartoscuro

En agosto de 2020 cuando se llevó a cabo el cierre de instrucción del proceso penal al que se enfrentaba la que fuera la primera jefa de gobierno de la Ciudad de México, la Fiscalía había exigido una pena de 21 años de prisión en contra de la exfuncionaria priista, argumentando su posición al señalar que lo que realizó fue un delito continuado y que el ser servidora pública en el tiempo en el que cometió los delitos debía considerarse como un agravante que debía tomarse como parte de la sentencia.

 

Cabe mencionar que el documento que en aquella ocasión se presentó indicaba que el delito de ejercicio ilícito del servicio público, establecido en el artículo 214 del Código Penal Federal, considera una sanción máxima de 7 años en un centro penitenciaro si el acusado, sea por el cargo, empleo o comisión que lleva a cabo y estando al tanto de los delitos que, de un modo u otro, pueden afectar al patrimonio o los interese de alguna entidad o dependencia de la administración pública federal centralizada, incurra en omisión y no reporte a sus superiores jerárquicos sobre esos sucesos que se contraponen a la ley.

De acuerdo a las acusaciones que pesan en contra de Rosario Robles, esta presuntamente cometió el delito de omisión en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) subsiguientemente, por lo que la FGR había estimado que se le debía someter a una pena máxima, sumandos los dos cargos de ejercicio ilegal del servicio público, de 14 años dentro de la penitenciaria. Aunado a estos 14 años, se le añadirían otros 7 más por haber en esos momentos fungido como funcionaria pública, dando un total de 21 años en prisión.

Ahora bien, de completarse el acuerdo y declararse culpable ante la Fiscalía, la extitular de Sedatu podrá pasar en la cárcel solamente 7 años, ya que el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) estipula que el procedimiento abreviado implicaría que Robles Berlanga al reconocer su responsabilidad de los hechos que se le imputan pueda recibir a cambio una disminución de hasta una tercera parte de la pena de prisión que originalmente le concerniría.

Sin embargo, cabe la posibilidad de que se le puedan reducir aun más los años que tendrá que pasar en un centro penitenciario, ya que en el CNPP se considera que la FGR pudiera reajustar su petición original recurriendo a reclasificar los delitos y, con ello, poder darle a la extitular de Sedesol mayores ventajas.

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Se tiene previsto que el ajuste se presente el próximo sábado 27 de febrero en la audiencia que el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Alejando Villar Ceballos, programó, fecha en la que la Fiscalía y la defensa de Robles ya habrían llegado a un acuerdo sobre los términos y pautas del procedimiento abreviado 
Retirando de la pena los agravantes, se dejaría una pena máxima de 7 años a la vez que la tercera parte de esta sería de 2 años con 4 meses, dejando que la exfuncionaria priista pueda recuperar su libertad a través de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

 

 


 

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